En un reciente post ya hice referencia a que España es el único País que tiene una gran proliferación de políticos aforados, pasan de los dos mil.

Hay diputados que se sirven del acta para gestionar con ventaja sus relaciones con la justicia, y es que, junto al papel que lo certifica como representante del pueblo, viene una suerte de salvoconducto que es el aforamiento, que determina que en caso de resultar sospechoso de una conducta delictiva uno no pueda ser imputado por el juez natural, sino que han de hacerlo unos jueces de más jerarquía, con menos medios para impulsar las instrucciones  y menos hábito de instruir, lo que facilita enviar las causas a una especie de limbo donde duermen meses y años, mientras el afectado reorganiza sus cosas, se ocupa de sus asuntos públicos y privados y, ya puestos, estira los emolumentos que merced a su cargo les satisface el contribuyente.

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante y diputada en el parlamento de Valencia, está imputada por el delito de confeccionar los planes urbanísticos de la ciudad de forma conjunta con un empresario de la construcción.

Pues Sonia Castedo ha aprovechado este recurso para comprar tiempo, el que llevan los trámites de imputación de un aforado y los recursos que su abogado va interponiendo contra todos y cada uno de dichos trámites. En esencia, se trata de pedir una y otra vez que se invalide o archive la causa, lo que permite sondear al tribunal sobre su predisposición frente al caso y en definitiva ayuda a retrasar cualquier resolución que implique un coste político irremediable. Mientras todo está abierto y recurrido, siempre queda la opción de apelar a la presunción de inocencia y la falta de pronunciamiento definitivo de la justicia, para asentar bien los reales en el sillón y seguir defendiendo con uñas y dientes el derecho a ocuparlo y con él todas las prebendas aparejadas a su titularidad.

Sonia Castedo  ha tenido la oportunidad de observar que el tribunal que llevaba su caso no le era propicio, por lo que ha decidido dimitir como diputada, por lo que será un nuevo tribunal el que deberá estudiar el caso.

Con un poco de suerte. El proceso se alargará uno o dos años más. Uno o dos años en los que, aún despertando las sospechas de muchos por tan obscena astucia, nuestro imputado personaje podrá seguir removiendo plácidamente la olla pública, sin que nadie vaya a obligarlo a responder de sus actos. Y así, de ardid en ardid, se va ganando el desafecto de la ciudadanía.