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Caso Taula: dos ‘zombies’ de Imelsa admiten que trabajaban para la agencia del 3%

Así repartía las comisiones la red del 3% del PP: ‘El dinero, el reparto, ya lo hago yo’

Caso Taula: El juez imputa a cargos del PP, PSPV y UGT por los trabajadores ‘zombies’

Dos empleados del grupo Engloba, administrada por el empresario José Adolfo Vedri, han reconocido ante la Guardia Civil que no tenían funciones específicasen Imelsa pese a que estaban contratados a través de esta empresa pública. Ambos trabajaban físicamente en los locales que Vedri tenía alquilados a Imelsa pero de su testimonio se desprende que exclusivamente trabajaban para una de la sociedades del holding de Vedri (La Gráfica), pieza clave en la investigación por la presunta financiación irregular que se instruye dentro del Caso Taula. La investigación de esta pieza separada apunta a que la empresa pública costeó durante años los salarios de dos trabajadores de Vedri.

Entre los hechos investigados en esta macrocausa contra la corrupción se incluyenirregularidades cometidas en el ámbito interno de la empresa pública Imelsa y que podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una calificación posterior, de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude en la contratación pública, así como de falsedad documental. Esos hechos tienen que ver con la contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna para Imelsa, la empresa instrumental de la Diputación de Valencia que hasta diciembre de 2014 dirigió Marcos Benavent, el yonki del dinero que ha delatado a los investigados y colabora con la Guardia Civil.

Por otro lado, la UCO ha indagado, además, en determinadas extinciones de contratos de trabajo, ante la sospecha de que, atendiendo al coste económico empresarial, pudieran encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para obtener un innecesario y arbitrario enriquecimiento de estos últimos a costa de recursos públicos, pudiendo constituir un presunto delito de malversación o de fraude en la contratación pública.

El juez ha imputado en esta pieza a Jose Adolfo Vedri por ser el legal representante de la agencia Engloba y supuesto partícipe en la contratación fraudulenta de dos de sus trabajadores, Óscar Pavón y Salvador Tormo, «por si su intervención como particular, pudiera determinar algún tipo de responsabilidad por los delitos mencionados, y específicamente por los de fraude en la contratación pública y tráfico de influencias», según consta en el auto de apertura del sumario. Además, cree que Engloba, como sociedad mercantil, es partícipe «a título lucrativo de los delitos investigados», pues los propios empleados han admitido que no eran trabajadores de Imelsa pese a que su nómina la costeaba esta empresa pública.

En esta pieza separada también figuran como investigados por prevaricación, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental el ex presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus; su jefe de gabinete y ex alcalde de Genovés, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent; el ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanc; y la que fuera jefa de Recursos Humanos, María Escrihuela. También José Estarlich, testaferro del yonki del dinero, quien cobraba de Imelsa sin ir a trabajar, y sobrino político de Juan Antonio Ramírez Saxofonín, uno de los empresarios que más ha facturado con las administraciones investigadas. Rubén Estornell, delegado de UGT y candidato del PSPV a diputado autonómico en 2015; o el padre de éste, Honorio Estornell, quien habría cobrado una indemnización superior a la establecida legalmente.

Según fuentes jurídicas, Rubén Estornell sí trabajaba para Imelsa pero no declaró ante los agentes de la Guardia Civil que le interrogaron, por lo que en las próximas semanas será citado por el juzgado de Instrucción 18 para que aclare su implicación en los hechos.

En el Caso Taula hay 115 investigados -personas físicas y jurídicas- por varios delitos contra la administración pública en relación con una trama de corrupción, con ramificaciones internacionales, infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/17/573a13d1468aeb1f698b45e1.html

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