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El Congreso aprueba una moción socialista contra la ley de seguridad ciudadana

La oposición insiste en desmontar el legado de la mayoría absoluta del PP20161129-636160394021294946_20161129180623-kmtd-u412262742819ahe-992x558lavanguardia-webPrimero fue el freno a la polémica ley educativa que promovió José Ignacio Wert, celebrado como todo un “éxito” por todos los grupos de la oposición, desde el PSOE, Podemos y Ciudadanos hasta el PNV o el PDECat. Ayer el pleno del Congreso dio a su vez un primer paso –pero “muy significativo”, según el portavoz socialista, Antonio Hernando– para derogar la también muy polémica ley de seguridad ciudadana, la tachada como ley mordaza, impulsada por Jorge Fernández Díaz. Y la próxima cita, en el pleno del 13 de diciembre, pondrá en la diana, de nuevo por una iniciativa del PSOE que espera contar con un amplio respaldo parlamentario, la reforma laboral del 2012 que diseñó Fátima Báñez, sin ningún consenso y de manera “unilateral” según sus críticos, aunque para el PP haya sido, precisamente, la norma que ayudó a evitar la hecatombe de España tras el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Todo el legado de los cuatro años de mayoría absoluta de Mariano Rajoy está ahora en revisión en un Congreso, donde una mayoría alternativa está dispuesta a desactivar sus “aspectos más dañinos”.

El pleno del Congreso aprobó la moción socialista que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno a “adoptar las medidas necesarias para derogar” la ley de seguridad ciudadana, “por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales”. La demanda incluye promover una nueva normativa “más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana”.

La iniciativa, pese a que no tiene mayores efectos por ahora, sí certificó que existe una mayoría parlamentaria contra la llamada ley mordaza, ya que sólo contó con el rechazo del PP y con el apoyo de Podemos, PNV, ERC y PDECat, y la abstención de Ciudadanos. El diputado Luis Salvador justificó esta abstención, en todo caso, en que la ley está ya recurrida ante
el Tribunal Constitucional, que aún no ha resuelto. Pero lo que pactó C’s con el PSOE para la fallida investidura de Pedro Sánchez, recordó, era “reformar en vez de derogar”.

El diputado socialista Antonio Trevín defendió la moción “para que este Gobierno devuelva las libertades que hurtó a todos los españoles”. Y es que criticó que, para el PP, “una sociedad segura es una sociedad silenciosa y domesticada”, mientras el anterior ministro del Interior, Fernández Díaz, quiso “acabar con cualquier forma de protesta”. “Sólo les pido tres cosas: cambien la mordaza, las multas y la mano dura por la libertad, los derechos y los servicios públicos”, zanjó Trevín. Eduardo Santos, de Unidos Podemos, y Gabriel Rufián, de ERC, se sumaron a Trevín para mostrar un panorama dantesco tras la entrada en vigor de esta ley. Hasta el punto que el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano rechazó la imagen de “España negra y Estado policial que persigue a sus ciudadanos” pintada por estos portavoces. “¡Pero en España no estamos ni en Cuba ni en Venezuela, en España se respetan los derechos de los ciudadanos!”, clamó el portavoz del PP. Y subrayó que el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mostrado su voluntad de consenso y diálogo con los grupos parlamentarios.

Esa sería la mejor vía de actuación, recetó a la oposición, porque aseguró que derogar la ley de seguridad ciudadana dejaría a España desprotegida en pleno nivel 4 de alerta antiterrorista.

Al filo del plenario, se debatió y aprobó la iniciativa de Ciudadanos que exhorta al Ministerio de Hacienda a recuperar lo que se dejó de ingresar en las arcas públicas –unos 2.800 millones de euros– al tributar, muchos de quienes se acogieron a la amnistía fiscal del 2012, al 3% y no al 10% como figuraba en la ley. Aunque la recuperación de estos impuestos no cobrados estaba incluida en el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, la interpelación urgente obedecía a la posible prescripción de esa reclamación, al cumplirse hoy cuatro años de aquella aministía fiscal, explicó el diputado de la formación naranja Francisco de la Torre, que admitió dos enmiendas de Unidos Podemos a su propuesta. El PP se abstuvo (lo hizo ayer en varias de las votaciones que tenía perdidas), pero no logró incorporar las enmiendas que pretendía, que blindaban la prescripción y que a juicio del resto de grupos pretendían vaciar la iniciativa. A pesar de que el resto de grupos votaron a favor de la propuesta de Ciudadanos, varios de los portavoces, como Ferran Bel, de PDECat y Julián López Milla, del grupo socialista, advirtieron al diputado Francisco de la Torre que la pretensión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –que en el pleno aseguró que tales derechos no prescribían–, era torear a su socio de investidura en tanto prescribían los plazos, y lo invitaron a que, de ser así, negara el apoyo de su grupo a los presupuestos.

 http://www.lavanguardia.com/politica/20161130/412271783766/oposicion-desmontar-legado-mayoria-absoluta-pp.html

 

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