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ESPAÑA Y LOS DESAPARECIDOS

lorca211El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas estuvo visitando nuestro País en el pasado mes de septiembre. Ahora ha presentado su informe  con una lista de recomendaciones al Gobierno, y con la exigencia de que en un plazo de 90 días presente las medidas que se llevarán a cabo para asistir a las víctimas del franquismo.

El informe no puede ser más duro para con los Gobiernos que hemos tenido con la democracia, que sistemáticamente han evitado resolver el problema. La excusa siempre ha sido el respetar el espíritu de la transición y no remover la confrontación que hubo entre hermanos. Pero ahora sabemos que esa transición se hizo con la vigilancia del ejército, que era en aquellos momentos el heredero del vencedor de la confrontación, y el que motivó las desapariciones.
La larga lista de recomendaciones al Gobierno, la podemos resumir de la siguiente forma:
  • Mayor apoyo institucional y financiero a las asociaciones de las víctimas del franquismo, y que se cree una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo una base de datos central sobre desapariciones. Hasta la fecha, el Gobierno del PP ha hecho todo lo contrario, ya que ha eliminado las partidas previstas en la Ley de Memoria Histórica.
  • Recomienda investigar y juzgar todas las desapariciones forzadas de acuerdo con las obligaciones internacionales. Para ello, reclama eliminar todos los obstáculos jurídicos que puedan impedir tales investigaciones, como la Ley de amnistía de 1977. El único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, aunque finalmente fue absuelto.
  • Que se cumpla la ley de Memoria Histórica, y que en consecuencia se retiren todos los símbolos y vestigios del franquismo, proponiendo además, la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos.
  • Buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de robo, y garantizar un banco nacional de ADN que integre las muestras genéticas de todos los casos denunciados.
Cuando un Gobierno no quiere realizar una política determinada, sobre todo si es por motivos doctrinales, no hay fuerza humana capaz de hacerlo cambiar. Véase el ejemplo del corredor del mediterráneo. Seguramente cumplirá con este plazo de 90 días, y todo se quedará ahí, hasta la siguiente legislatura. No olvidemos que el fundador del PP fue ministro del bando de los vencedores.

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