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FUNCIONARIOS Y POLITICOS

4f6a487873161s12776Hace pocos días en un post dedicado a Madrid, ya hablaba de dificultades en la convivencia de funcionarios por oposición y los políticos. Hoy he leído un artículo que reincidía en lo mismo, pero en una trama más dramática.
Está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, en donde, como ya es sabido, hay una gran cantidad de políticos del PP que están imputados o condenados por corrupción. Pero ya hay alguna sentencia, como la del Sr. Blasco que ha arrastrado a funcionarios que pusieron la lealtad o la codicia por encima de su deber público.
La ejemplaridad de la condena en el “caso Blasco” ocho años de cárcel para el ex conseller, pero también siete años y medio para la ex secretaria administrativa, Tina Sanjuán, ha provocado significativos movimientos de los funcionarios.
Aunque este caso también es ejemplo de cómo un empleado público puede revolverse ante el abuso o la ilegalidad, aunque sea jugándose su puesto de trabajo, como sucedió con la becaria que denunció el caso o los funcionarios que declararon contra Blasco.
Esta condena es el factor desencadenante del divorcio entre funcionarios y políticos, pero ya se arrastraba una creciente preocupación por las consecuencias del “caso Gurtel”, especialmente en la rama que investiga los contratos menores adjudicados a Gurtel en al menos siete consellerias. La imputación a varias decenas de cargos, incluidos funcionarios de carrera, ha extendido en la Administración un clima de desconfianza hacia las órdenes de los superiores políticos.
Sindicatos y políticos admiten que el ambiente ha provocado la ralentización, cuando no el bloqueo, de la acción de gobierno. El “caso Gurtel” esconde no sólo adjudicaciones masivas de contratos públicos, sino el enorme peligro que tiene el construir una administración a la medida de los corruptos políticos de turno, de forma que premia la fidelidad más que la rectitud, y que utiliza los resquicios de la función pública para situar en puestos clave a personas dispuestas a no rechistar.
Esta ralentización o bloqueo de la gestión pública es una consecuencia más del clima de corrupción que se vive en la Comunidad de Valencia, y que supongo también se debe vivir en infinidad de instituciones en todo el País.

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