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INDEPENDENCIA JUDICIAL

togaQue el poder Judicial sea independiente de los poderes ejecutivos y legislativos, es algo aceptado en todo el mundo democrático, excepto en España.

Nuestra democracia está sustentada por una Constitución realizada bajo la atenta mirada de los militares, y recién superado el largo periodo de una dictadura. En ésta, estaba claro que el poder judicial estaba supeditado al poder ejecutivo, y sus sentencias estaban dictadas por los intereses del Ejecutivo.

En la actualidad, los jueces de los tres órganos Judiciales (T. Constitucional, T. Supremo y Consejo General del Poder Judicial) están nominados básicamente por el poder Legislativo, según el número de Diputados de cada Partido, éste nombra a un número proporcional de jueces. En esta situación, si un Partido tiene la mayoría en el Congreso, también tendrá la mayoría en cada uno de los citados tres órganos judiciales.

Nuestros Partidos Políticos conocen bien la situación y se aprovechan de ella, y aunque conocen cuál es el sentir del pueblo a este respecto, lo ignoran. Así, cuando se trata de embaucar a los posibles votantes ponen en sus proclamas de las campañas que eliminarán estas designaciones por el Congreso. Es lo que hizo el Partido Popular. Pero al llegar al poder y con mayoría absoluta, lo ha tenido claro, no ha hecho nada.

El Partido Popular no solo no ha hecho nada en este sentido, sino que en estos momentos que está intentando calmar los ánimos de una ciudadanía revuelta, presenta varias propuestas de Ley para acabar con la corrupción, pero de devolver la dignidad al Poder Judicial, no dice absolutamente nada.

Ante esta situación, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han emitido un inédito comunicado conjunto. En él, los jueces y fiscales consideran que el desarrollo del modelo constitucional del Poder Judicial ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes. Tratando los partidos políticos de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber de juzgarles.

Según este comunicado, los episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos, socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de derecho.

Entre sus propuestas para combatir la corrupción y por la regeneración democrática figura también la de evitar “inaceptables injerencias” del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial y la reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

Más claro no es posible.

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