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La fiscal general: ‘Es infundado ver una intencionalidad política’ en la imputación de Artur Mas

La fiscal general del estado critica las presiones que sufren los encargados de investigar a Artur Mas por el 9-N

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, criticó este jueves las presiones políticas que sufren los encargados de investigar a Artur Mas por el 9-N y calificó de «disparatada» la tesis nacionalista de que la citación del president buscaba la coincidencia con fechas sensibles para los independentistas.

En sus últimos actos públicos -y en particular en la apertura del año judicial-, la fiscal general se había venido refiriendo con claridad, pero sin mencionarlas expresamente, a las causas que alcanzan a casos de corrupción o especialmente delicados de Cataluña. Este jueves sí quiso hacerlo de forma expresa para, en la línea del comunicado emitido la víspera por la Fiscalía de Cataluña, defender «enérgicamente» la actuación del Ministerio Público y del juez encargado de instruir esa investigación.

«En estos días pasados, tras la citación para declarar como imputado del señor Mas y los demás querellados en el asunto conocido como 9-N, se han realizado valoraciones políticas y acusaciones muy graves que rechazamos enérgicamente […] La Fiscalía tiene encomendada constitucionalmente la defensa de la ley y, también, de la independencia de los tribunales. En defensa de la ley se interpuso la querella que ha dado lugar a ese procedimiento y, ahora, en defensa de la independencia del tribunal y en concreto de las decisiones del magistrado instructor, se ha visto obligada a comunicar públicamente su postura», explicó en su intervención en el Club siglo XXI.

«Rechazamos enérgicamente», añadió, «la atribución de intencionalidad política a la postura del fiscal o a las decisiones del magistrado instructor. Son los pasos naturales del curso natural del procedimiento y no guardan relación alguna con presiones de otros poderes. O con supuestas finalidades políticas».

A continuación, explicó que la práctica de algunas diligencias necesarias para comprobar los hechos que dieron origen a la querella llevaron a que la declaración de Mas como imputado fuese a caer en pleno periodo electoral. Ante esa situación, el criterio tanto del juez como de la Fiscalía fue «buscar otras fechas para la diligencia, una vez transcurrido el proceso de formación de la voluntad popular». Con ello, precisó que se seguían «las pautas de prudencia marcadas por el Tribunal Supremo» en casos similares en los que un retraso en una citación u otro tipo de diligencia no comporta riesgo para la investigación.

«Por lo tanto», concluyó la fiscal general, «la atribución de intencionalidades políticas es infundada. Las alusiones a una elección deliberada de connotaciones históricas en la fecha prevista para las declaraciones son sencillamente disparatadas y autorreferenciales».

Este mismo argumento de manejar con prudencia los tiempos de las citaciones a políticos ya fue expuesto casi en idénticos términos por Madrigal ante Felipe VIhace menos de un mes. Entonces lo hizo para responder a las críticas que los nacionalistas lanzaron sobre Anticorrupción por registrar la sede de Convergènciacuando estaba a punto de comenzar la campaña. Ahora la fiscal general ha tenido que salir a justificar otra diligencia, esta vez criticada por producirse ya pasada la campaña.

La referencia inevitable al caso de Mas vino enmarcada en una defensa de la ley como auténtica «garante» de la libertad frente a discursos que invocan esta última y que, «paradójicamente, proponen muchas veces el incumplimiento de las leyes y la desatención a la libertad de los otros».

http://www.elmundo.es/espana/2015/10/01/560d9d48e2704e7c628b4576.html

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