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La UCO halla dos ingresos de 10.000 euros a la ‘cajera’ del PP de Valencia

Las transferencias las ordenó Alberto Martínez Moreno y se realizaron con apenas un minuto de diferencia

Así repartía las comisiones la red del 3% del PP: ‘El dinero, el reparto, ya lo hago yo’

La Guardia Civil ha detectado dos ingresos de 10.000 euros cada uno a una cuenta corriente vinculada a la ex secretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster, la cajera del PP de Rita Barberá según apuntan todos los indicios del sumario.

Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un escrito ante el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que dirige el Caso Taula, en el que informa al magistrado-instructor que en el transcurso del estudio de la información incluida en el teléfono móvil de Mari Carmen García Fuster, intervenido el día 26 de enero de 2016 durante la macrorredada contra la corrupción que permitió desmantelar la «organización criminal» del PP, se ha detectado que «en la aplicación de mensajes del mismo existen dos mensajes entrantes de fecha 19 de septiembre de 2015» en los que desde un número de teléfono se indica que se ha ordenado una trasferencia de 10.000 euros a un número de cuenta «que tiene como cuatro últimas cifras *8623».

Las transferencias las ordenó Alberto Martínez Moreno y se realizaron conapenas un minuto de diferencia. En concreto, la aplicación informática registró un primer ingreso a las 21:25 horas y el segundo se realizó un minuto después, a las 21:26 horas, según confirma la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Una vez realizadas las gestiones para conocer a qué entidad bancaria pertenece el número, la Guardia Civil ha descubierto que se trata del número que utiliza la entidad Bankia para realizar los avisos por medio de SMS a sus clientes, a los beneficiarios o personas que indiquen, las operaciones que realizan estos desde las cuentas de la citada entidad, según añadieron fuentes conocedoras de las diligencias.

Pero analizada la información que está en poder del juzgado e incluida en el sumario sobre las cuentas en las que García Fuster tiene relación de titularidad, la UCO concluye «que ninguna de dichas cuentas tienen la terminación antes indicada, siendo esta persona sin embargo quien recibe la comunicación de que dichas transferencias han sido realizadas».

Por todo ello, y para tratar de determinar la vinculación que García Fuster tendría con la cuenta a la que se efectúan las transferencias así como los detalles de la misma, y por el interés que puede tener para investigación, los agentes solicitan al instructor, el juez Víctor Gómez, que autorice la práctica de una serie de diligencias.

Mandamiento judicial

Por una parte, la Guardia Civil pide al juzgado que envíe un mandamiento judicial dirigido a Bankia solicitando los datos de identificación de Alberto Martínez Moreno, quien el día 19 de septiembre de 2015 habría realizado dos transferencias por importe de 10.000 euros a la cuenta indicada. De la misma forma, los investigadores quieren conocer los datos asociados a las operaciones en cuestión, ordenante de la transferencia, y en caso de haberse realizado por medio de banca electrónica, la dirección IP desde la que se realiza, destinatario, así como la identificación y titularidad de las cuentas de origen y destino además del concepto asociado a las mismas.

También pide que se solicite de la entidad bancaria correspondiente aporte datos de domiciliación, contacto o correspondencia, incluyendo números de teléfono y direcciones de correo electrónico, así como cualquier tipo de información que pueda ser útil para la investigación.

El juzgado, la Fiscalía y la UCO investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para morder de adjudicaciones de la Diputación, la Generalitat y ayuntamientos. La investigación apunta a que la organización se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público amañado, la cantidad variaría en función del cargo que pedía la comisión y su responsabilidad dentro del entramado.

En el transcurso de las diligencias los agentes tuvieron conocimiento de un caso, muy concreto, que apunta a que destacados cargos del grupo municipal aportaron1.000 euros por cabeza para financiar la última campaña de la ex alcaldesa. Las donaciones se habrían retornado en ‘B’, en forma de dos billetes de 500 euros que se tenían que blanquear sin levantar sospechas.

Hasta el momento las diligencias se ceñían únicamente al presunto delito de blanqueo de capitales pero se ampliarán a un posible delito electoral para conocer el origen de las donaciones al PP municipal e identificar a los donantes.

Precisamente, el origen opaco de ese dinero empujó a la Fiscalía Anticorrupción a pedir el decomiso de la cuenta opaca del PP de Valencia, aclararon fuentes jurídicas. La medida cautelar adoptada por el instructor afecta a la cuenta bancaria en la que supuestamente se ingresó el dinero blanqueado.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/05/07/572cd29fca474102428b4597.html

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