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LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES

dipCiudadanos es el único partido que propone la supresión de la Diputaciones Provinciales, y es lógico que sea un partido emergente, con todavía escasa ramificación nacional el que lo proponga. En principio, parece que Pedro Sánchez, en contra de lo que opinan en el PSOE andaluz  y él mismo, se ha adherido a su supresión.

Son los grandes partidos a nivel nacional, el PP y el PSOE, quienes quieren tener en vigor a las Diputaciones, pues son un medio de colocar a políticos que o bien han perdido las elecciones, o bien conviene pasarlos a la reserva. También son un medio para pagar favores, sin que se resienta la tesorería de los partidos.

Curiosamente, políticos de ideología tan dispar como Javier Arenas y Susana Díaz, han coincidido en su defensa de las Diputaciones, y lo hacen esgrimiendo la labor de coordinación y apoyo que realizan las Diputaciones en infinidad de pequeños pueblos para el mantenimiento de servicios básicos. Pero lo que no citan es el coste de mantenimiento de las Diputaciones, donde más del 60% de sus presupuestos se consumen en salarios de sus funcionarios. Ni tampoco citan la posibilidad de realizar la misma misión que llevan hoy a cabo, pero a través de otros sistemas mucho más económicos. Lo que ellos quieren es mantener el actual status quo, que les permite mantener una clientela fiel a su sistema.

La única realidad es que las Diputaciones Provinciales constituyen de hecho, un modelo de financiación ilegal de partidos, en cuanto han acabado convertidas en agencias de colocación de los aparatos provinciales de esos partidos.

En Sevilla, por ejemplo, el Presidente de la Diputación tiene por curriculum su fidelidad extrema con quien mande en el partido socialista, contrató como asesores a una veintena de cargos locales del partido, bien por favores que se debían internamente, bien porque se trataba de antiguos alcaldes que habían perdido las elecciones. Su presidente tiene asignado un sueldo de 69.000 euros, superior al de la Presidenta de la Junta de Andalucía.

En Barcelona, lo mismo, fue noticia la rapidez con la que los partidos políticos designaron en la Diputación a los primeros 37 asesores, con sueldos que estaban entre los 3.500 y 4.600 euros brutos por 14 pagas. El sindicato que denunció las colocaciones, la CGT, dijo que se trataba de nombramientos que, en muchos casos, ni siquiera tenían que pisar la Diputación porque, en realidad, no eran más que sueldos públicos para que se los ahorrase el partido para el que trabajaban.

Y así podríamos ir desgranando lo que ocurre en la mayoría de las Diputaciones. A pesar de que Pedro Sánchez parece haber admitido su disolución, dudo mucho que Ciudadanos consiga mantener su criterio. Hay demasiados intereses opuestos.

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