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LOS BANCOS EN ESPAÑA

00-197Si hay una institución española protegida desde las alturas, ésta son los bancos. De siempre, y sea del color que sea el gobierno, éste siempre ha protegido a los bancos. Cuando ha sido necesario crear una nueva doctrina jurídica para salvar de la cárcel a un banquero, se ha hecho con la doctrina Botín. Cuando ha sido necesario sacar del pozo de la bancarrota a los bancos, también se ha hecho, aunque ello haya conllevado la mayor restricción presupuestaria de nuestra historia. Siempre los bancos y los banqueros han sido la especie más protegida.

Y la historia continúa. Ahora, gracias a que pertenecemos a la UE, ésta sale en ayuda del consumidor español, al manifestar las claras injusticias de nuestro ordenamiento jurídico, al proteger a los bancos. Bruselas carga de nuevo contra la normativa de las ejecuciones hipotecarias y contra el tratamiento legal de las cláusulas abusivas. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción por el que pide a España que garantice que los consumidores están plenamente protegidos contra esas cláusulas. Además, reclama que la ley española esté en consonancia con las directivas europeas sobre el procedimiento que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

La Comisión Europea sigue preocupada por varias cuestiones, en particular por las reglas de las cláusulas abusivas. Sin una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno en dos meses, Bruselas enviará un dictamen a las autoridades españolas, paso previo antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, e imponer sanciones financieras.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos. Cosa que España no ha hecho.

Según Amnistía Internacional, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron en España 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual. El problema es, por tanto, de primera magnitud, pero tendremos que esperar a que Rajoy pierda las próximas elecciones para poner solución al tema.

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