Pedro Sánchez quiere un pacto de Estado con el PP ante el terrorismo yihadista, pero deja en el aire el acuerdo entre populares y socialistas en la nueva ley de financiación de partidos. A las 12 horas de hacerse la foto en el Ministerio del Interior, el PSOE se desmarcó de las medidas anticorrupciónque había acordado con el PP el día anterior.

El secretario general de los socialistas dosifica su acercamiento al Ejecutivo deMariano Rajoy. Vale para sumarse a la corriente europea de respuesta al terrorismo islamista y mostrarse como partido y “de Gobierno”. En ese terreno no tiene competencia por la izquierda y, si IU y Podemos se van al extremo de oponerse a las medidas, le viene mejor para fijar una posición centrada y responsable.

En el Gobierno están encantados con el posible pacto con los socialistas en la reforma del Código Penal para mejorar la lucha antiterrorista. Rajoy busca acuerdos con el PSOE desde que Sánchez sustituyó a Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del PP echa de menos el antiguo entendimiento con el líder socialista saliente para hacer frente al desafío independentista en Cataluña.

El jefe del Ejecutivo cedió a la petición de Sánchez de sacar las medidas antiterroristas de la reforma del Código Penal que se aprueba en el Congreso este mes con tal de organizar la operación “pacto de Estado” que a ambos conviene, también en términos de imagen.

Pero Sánchez sigue renuente a mezclarse con Rajoy en todo lo demás, incluso en las medidas contra la corrupción y hasta en los puntos de acuerdo alcanzados ya para reformar la financiación de los partidos. En la Comisión Constitucional, el Grupo Socialista se abstuvo de votar un proyecto de ley en parte suyo que contiene enmiendas propias y negociadas entre varios partidos. La sorpresa del Grupo Popular fue evidente: pactaron el texto en la ponencia con el PSOE y luego, en la Comisión, lograron la aprobación de los nacionalistas catalanes y vascos mientras los socialistas se abstuvieron.

Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)El informe de la ponencia sobre la nueva ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos incluye, entre otras medidas, la consolidación de la rebaja del 40% en las subvenciones a las formaciones políticas, la prohibición de las condonaciones de deuda por parte de la banca, más sanciones por financiación ilegal o la rebaja en un 20% de la partida destinada a enviar propaganda y papeletas a los ciudadanos. Es parte fundamental de la regeneración democrática prometida por Rajoy.

En el PP se temen que se repita el caso de la ley de transparencia, pactada con los socialistas, con artículos redactados por el ponente del PSOE José Enrique Serrano, pero aprobada al final sin el apoyo del principal partido de la oposición.

Serrano ha vuelto a ser el responsable socialista del texto final sobre la financiación de los partidos. Y también de exponer las pegas de sus jefes una vez llegada la hora de la votación. Falta una “visión de conjunto”, explicó para justificar la abstención.

El Grupo Popular no pierde la esperanza de que los socialistas se pasen al “sí” en el pleno, dado que consideran que la ley (y más si es consensuada) será una baza contundente para lanzar a los ciudadanos el mensaje de que los partidos van en serio a la hora de tomar medidas preventivas contra la corrupción. Izquierda Unida quiere capitalizar la oposición al PP en ese terreno y amenaza con acusar a los socialistas de ser cómplices de “la derecha”.