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Seis de los 9 miembros de la Fiscalía de Cataluña se oponen a presentar una denuncia contra Artur Mas

El Mundo:

 

Seis de los nueve fiscales que forman la Fiscalía Superior de Cataluña se oponen a presentar una denuncia contra Artur Mas por el 9-N. Consideran que no existen indicios de delito, ya que la convocatoria del proceso participativo ha sido una decisión política, que no tendría que acarrear efectos penales. Estos fiscales ya habrían discrepado en cuanto a los delitos que podrían aplicarse al president y a la vicepresidenta Joana Ortega, de los que al final sólo quedaría desobediencia. También se habían mostrado ya a favor de que la denuncia no incluyera a los consellers de Educación, Irene Rigau, y de Interior, Ramon Espadaler.

Aun así, la Fiscalía de Cataluña ultima la denuncia contra Mas que podría presentarse en las próximas horas, aunque antes debe acabar de consensuarse su redactado final con la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, el PP volvió a reiterar hoy su deseo de que el Ministerio Público actúe tras la celebración de la votación del domingo en Cataluña, prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional. Desde ese día, tanto desde el Gobierno como desde el partido se han realizado declaraciones apuntando a una querella contra el president . A pesar de que Mariano Rajoy, en su comparecencia del miércoles en Moncloa, dijo no saber nada de este asunto, intentando apagar los rumores de injerencia del Ejecutivo, ayer se volvió a urgir a una actuación de la Fiscalía. En el PP se mantiene intacto el malestar interno por el hecho de que Mas pudiera sacar las urnas, a pesar de que la posición del Gobierno siempre fue que no habría consulta. Aunque, en terminología de Rajoy, fue un «simulacro», la sensación de muchos dirigentes es que se ha dado fuelle a Mas y al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Ayer, en declaraciones a la Cadena Ser, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, defendió que «en el caso de que haya habido delito este proceso se tiene que abrir cuanto antes». «Tampoco se puede eternizar», añadió, tras mostrar su respeto a la autonomía y al trabajo de los fiscales. Lo que hay que valorar, explicó, es si se ha cometido delito de desobediencia o no, o se ha cometido el delito de prevaricación y nada más.

«Yo sólo le pediría a la Fiscalía», reiteró, «y tampoco me atrevería a pedírselo porque trabaja con absoluta autonomía, que lo que haga lo haga con cierta celeridad y que esté, como estoy seguro de que va a estar, a la altura de las circunstancias y de la necesidad de fortaleza democrática del país y de la necesidad de que los españoles confíen en sus intenciones».

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también defendió que en la medida que ha habido actuaciones que han vulnerado los pronunciamientos del TC, lo que se debe hacer es operar «desde los poderes del Estado actuando contra aquellos que tengan responsabilidades» al incumplir los mandatos del Alto Tribunal, ya sea responsables «públicos o privados».

En la misma línea, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, sostuvo ayer que es la Fiscalía quien debe decidir lo que hace pero que «es un poquito tarde» porque las autoridades catalanas «ya se han saltado las leyes».

Ayer mismo el PP catalán, donde más críticas privadas se han producido por el supuesto desamparo del Gobierno, reúne a su Junta Directiva con la presencia del vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano.

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