En cualquier democracia, y ya desde el siglo XV con Maquiavelo, se han estructurado tres factores de poder, el poder ejecutivo que es el que gobierna, el poder legislativo que es el que legisla y controla al gobierno, y el judicial que es el que juzga y da sentencias de obligado cumplimiento.

Para el buen desarrollo de la democracia, es absolutamente necesario que exista una total separación entre los tres poderes, solo así se asegura la independencia de cada uno de ellos. Pero en España, con la Constitución que nació tutelada por los militares, no es así.

Hay tres grandes órganos dentro del poder judicial, el Consejo Superior del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Bien, pues estos tres centros de poder dependen directamente de los distintos partidos políticos, que son los que nombran a prácticamente todos sus miembros, y además en proporción al número de diputados que tiene cada partido en el Congreso. En esta situación, un partido que tenga mayoría absoluta en el Congreso, se asegura que tiene también mayoría absoluta en el CSPJ, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Esta es la situación de hoy en España.

Está reconocido por todas las instituciones del Estado la necesidad de restaurar el orden entre los tres poderes. Así, el PP en los propósitos que tenía en la última campaña electoral figuraba el restablecimiento de este orden. Sin embargo, al llegar al poder absoluto de que dispone, y a la vista de los numerosísimos casos de corrupción que se han ido destapando, ha preferido no acordarse de sus promesas pre-electorales.

El control que tiene el Ejecutivo sobre el Judicial es casi absoluto. Por ejemplo, el Fiscal General del Estado es nombrado por el Mº de Justicia, y dentro de la Fiscalía existe la orden de obediencia a su superior, de forma análoga al del Ejército. Otro ejemplo está en el aforamiento de los políticos, caso único en toda Europa, lo que les permite a los imputados elegir juez. Por último, por si algo falla en todo este avasallamiento del Ejecutivo, es el que al final se guarda la posibilidad de indultar al condenado.

Podría explicar mil situaciones en las que queda claro el uso que hace el actual Ejecutivo de sus poderes. Por ejemplo el caso de la Infanta Cristina, en donde el Juez instructor ha tenido que luchar en contra del Fiscal para lograr su imputación. O el caso del juez Ruz, que lleva la macro-causa Gurtel/Bárcenas, de forma muy contraria a los intereses del Partido gobernante. Este Juez de la Sala 5ª de la Audiencia Nacional, lo es de forma temporal, de forma que cada seis meses el CSPJ tiene que confirmarlo para los siguientes seis meses. Está claro que el Juez Ruz no terminará la instrucción.

Hay casos que son sangrantes, como el del Presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que estuvo afiliado al PP, y que tiene el voto de calidad para dirimir empates. Otro caso del mismo Tribunal es Andrés Ollero, exdiputado en el Congreso por el PP, en este caso, además escribió artículos en contra de la ley del aborto de Zapatero, de la que ahora tiene que decidir.

En fin, que queda todavía mucho trabajo por hacer.