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TORRES-DULCE

 

dulce0606_efe--644x362Se veía venir. El Fiscal General del Estado, Sr. Torres-Dulce ha presentado su dimisión. No ha resistido más las presiones del Gobierno que lo nombró, y ha preferido regresar a su antiguo puesto en el T. Constitucional.

El Fiscal General es nombrado por el Gobierno, pero constitucionalmente es totalmente independiente, no tiene que seguir las directrices del Gobierno, y éste no puede cesarle, tiene que ser él quien presente su dimisión.

Se veía venir, muy especialmente después de lo sucedido tras el 9-N, en donde un Gobierno que no hizo nada para evitar la puesta en marcha de las urnas en Cataluña, quiso que fuera el Fiscal General quien tomara la iniciativa. Públicamente, Soraya de Santamaría afeó la labor del citado Fiscal General al retrasarse la presentación de la querella contra Mas. Ya con anterioridad hubo forcejeos entre fiscal y Gobierno, por ejemplo, cuando Bárcenas entró en la cárcel, en contra de la voluntad del Gobierno.

Si en España ya hay un clamor general sobre la dependencia que tiene el poder judicial respecto al Gobierno, solo faltaba la dimisión de Torres-Dulce para que todavía sea más notorio. Se acercan momentos que jurídicamente pueden perjudicar al Partido Popular, el cierre de la instrucción del caso Bárcenas y Gurtel, puede provocar un auténtico terremoto político, en el que el único perjudicado puede ser el PP.

Una vez han quedado claras las presiones del Gobierno sobre el Fiscal, viene la parte más difícil, que es el encontrar a un nuevo Fiscal que sea tan calzonazos como para aceptar la propuesta que le haga el Gobierno. Seguro que lo van a encontrar, pero esta vez será el hazmereír de toda la profesión.

Inmediatamente después de ser conocida la dimisión, Rajoy y el nuevo ministro de Justicia, Sr. Catalá, han hecho declaraciones en el sentido de que han sido exclusivamente causas personales las que lo han motivado. Si Rajoy ya tenía poca credibilidad, después de estas declaraciones ya puede cerrar la tienda. Para colmo, en el mismo día los medios de comunicación han puesto de manifiesto que la Sala Penal del T. Supremo ha pedido a su Presidente Sr. Lesmes que proteste por las injerencias del Gobierno en sus decisiones.

Es necesario que todos los partidos minoritarios presentes en el Congreso realicen acciones con el fin de paralizar  las insoportables presiones e injerencias que realiza el Gobierno con el Poder Judicial. Si quieren desmarcarse del sistema han de aprovechar la ocasión para denunciar estos abusos. Si no lo hacen ellos, darán fuerzas a que PODEMOS lo haga a su estilo.

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