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Tres ministerios ignoraron los amaños y avalaron el cese del denunciante de Acuamed

El abogado del Estado jefe de Acuamed convocó a Agricultura, Hacienda y Justicia ante las revelaciones de Valiente, pero el departamento de Tejerina abortó la reunión

Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (d), y el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. (EFE)Tres ministerios conocieron los sobrecostes en obras del agua a favor de grandes constructoras como FCC o Acciona denunciadas en el caso Acuamed, pero el Gobierno dejó caer a la garganta profunda del caso y evitó que cargos de esos tres departamentos conocieran de primera mano las pruebas que pretendía aportar sobre las irregularidades que ahora investiga el juez Eloy Velasco. Tras escuchar los amaños de boca del denunciante, el exdirector de ingeniería de la empresa, Francisco Valiente, el abogado del Estado responsable de Acuamed convocó a distintos cargos del Ejecutivo para que conocieran de primera mano los detalles del caso. Pero el número tres del departamento de Isabel García Tejerina (y de su antecesor, Miguel Arias Cañete) abortó el encuentro y no impidió el despido de Valiente, pese a la importante información que había facilitado.Pocos días antes de su cese como director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente acudió al despacho de Pablo Fernández Ruiz, abogado del Estado coordinador del convenio jurídico con Acuamed (el máximo asesor jurídico de esa empresa pública), para comunicarle los sobrecostes en certificaciones y liquidaciones de varias obras que él y algunos de los técnicos de la sociedad estatal habían detectado. Según la declaración de ese miembro del servicio jurídico del Estado, obrante en el sumario del caso, Valiente le anticipó que tenía pruebas de todo. Fernández, según su testimonio, le aconsejó que acudiera a fiscalía o al juzgado a denunciar, al constatar que los presuntos amaños eran “muy relevantes”. Pero el ingeniero insistió en que quería aportarlas en una reunión

Tres ministerios conocieron los sobrecostes en obras del agua a favor de grandes constructoras como FCC o Acciona denunciadas en el caso Acuamed, pero el Gobierno dejó caer a la garganta profunda del caso y evitó que cargos de esos tres departamentos conocieran de primera mano las pruebas que pretendía aportar sobre las irregularidades que ahora investiga el juez Eloy Velasco. Tras escuchar los amaños de boca del denunciante, el exdirector de ingeniería de la empresa, Francisco Valiente, el abogado del Estado responsable de Acuamed convocó a distintos cargos del Ejecutivo para que conocieran de primera mano los detalles del caso. Pero el número tres del departamento de Isabel García Tejerina (y de su antecesor, Miguel Arias Cañete) abortó el encuentro y no impidió el despido de Valiente, pese a la importante información que había facilitado.

Pocos días antes de su cese como director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente acudió al despacho de Pablo Fernández Ruiz, abogado del Estado coordinador del convenio jurídico con Acuamed (el máximo asesor jurídico de esa empresa pública), para comunicarle los sobrecostes en certificaciones y liquidaciones de varias obras que él y algunos de los técnicos de la sociedad estatal habían detectado. Según la declaración de ese miembro del servicio jurídico del Estado, obrante en el sumario del caso, Valiente le anticipó que tenía pruebas de todo. Fernández, según su testimonio, le aconsejó que acudiera a fiscalía o al juzgado a denunciar, al constatar que los presuntos amaños eran “muy relevantes”. Pero el ingeniero insistió en que quería aportarlas en una reunión.

Tras su salida del despacho de Fernández, este comentó las revelaciones de Valiente a otra abogada del Estado. Se trata de Isabel Bonelli, secretaria del consejo de administración de Acuamed. “Se le reproduce toda la conversación con Valiente y se le dice que este quiere una reunión para aportar las pruebas”, explicó Fernández al juez. “Desde ese momento, reportamos el caso a muchísima gente: al abogado del Estado jefe del ministerio [de Agricultura], Julio Díez, para que haga el reporte interno, y a la directora general del Agua, Liana Ardiles. En el Ministerio de Hacienda, contactamos con el subdirector de Empresas y Participaciones de la dirección general de Patrimonio. En el Ministerio de Justicia, avisamos a la Abogacía General [la dirección de la Abogacía del Estado] y al abogado del Estado coordinador de temas penalespor la trascendencia del asunto”, añadió.

“Instrucción directa”: no habrá reunión

Pero pocos días después, cuando llegó el orden del día del consejo de administración en el que estaba recogido el cese de Valiente, Fernández recibió una “instrucción directa” por parte del abogado jefe del Ministerio, Julio Díez, y del subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad Sánchez de Cueto, el número tres del departamento de Isabel García Tejerina: “Que no recibiéramos a esta persona”, es decir, a Valiente. “Que si quería aportar las  pruebas se le diera cita con él [con Díez] y con el propio Haddad Sánchez de Cueto”, relata el abogado del Estado coordinador de Acuamed. Además, según relató al juez Velasco, se les advirtió de que no hablaran del asunto con nadiede Acuamed por las consecuencias que podría traer.

Fernández y el resto de abogados del Estado que forman parte el convenio con Acuamed se ofrecieron para llevar el asunto ante los tribunales. Pero, tras la denuncia de Valiente en Anticorrupción, cuando esta fiscalía solicitó una serie de documentos a la sociedad estatal, se les comunicó que no serían ellos los encargados del caso, sino un despacho de abogados privado: Gómez Acebo y Pombo.

La actuación de Fernández ante la denuncia de Valiente no le granjeó grandes simpatías en la dirección de la sociedad estatal a la que asesoraba. “¿Recibió presiones desde Acuamed para elaborar sus informes sobre obras en un sentido o en otro?”, le preguntó el juez Eloy Velasco. “A mí me piden mi cese por escasa proactividad ante la Abogacía General del Estado por la fecha de la denuncia”, respondió Fernández. “Se me dice que fueron Arcadio Mateo[exdirector general de Acuamed aún encarcelado] y Javier Moya [director de los servicios jurídicos de la empresa] los que lo reclaman, por ser yo una persona poco proactiva, poco dispuesta. Pero la Abogacía General no lo aceptó”, concluyó el letrado.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-05-26/tres-ministerios-ignoraron-los-amanos-y-avalaron-el-despido-del-denunciante-del-caso_1206453/

 

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